Una decisión judicial en Bucaramanga ha generado polémica en el sector salud.

Un juez ordenó a una Entidad Promotora de Salud (EPS) asumir los costos de dos muñecas sexuales inflables como parte del tratamiento emocional de un paciente que alegó problemas de autoestima, tras interponer una acción de tutela.

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La información fue dada a conocer por Sergio Prada, director de la Clínica San Luis, quien manifestó su preocupación en una entrevista concedida a RCN Radio. Según explicó, conoció el caso a través del presidente de una EPS.

“Eso es un abuso. Al parecer, por un problema de autoestima se presentó la tutela y el juez ordenó a la EPS comprar las muñecas inflables. Son decisiones que golpean aún más al sistema de salud”, expresó Prada.

El directivo cuestionó la proporcionalidad del fallo, señalando que este tipo de decisiones vulnera la sostenibilidad de un sistema ya colapsado.

“El sistema está en crisis. Hace tres años perdimos $15 mil millones por atender pacientes de EPS como Comparta, Medimás y Coomeva. Salvamos muchos niños con cáncer, prestamos servicios esenciales, y al final el Estado no respondió por las deudas tras las liquidaciones”, agregó.

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Aunque los detalles del fallo no han sido revelados públicamente, se sabe que el paciente no identificado argumentó afectaciones emocionales y que el juez consideró que la adquisición de los dispositivos debía garantizar su derecho a la salud mental.

Prada insistió en que estas sentencias desbordan los fines con los que fue creada la acción de tutela y desvían recursos que podrían ser destinados a tratamientos esenciales.

“No entendemos cómo un juez ordena esto cuando hay derechos fundamentales prioritarios que aún no se garantizan”, afirmó.

En ese sentido, el caso ha reactivado el debate sobre los límites del derecho a la salud en Colombia y el uso de mecanismos constitucionales para exigir servicios.